Dirigentas sociales de la comuna de Aysén, dieron a conocer su malestar luego de ser notificadas por parte del Ministerio Publico, con el fin de que asistan a una audiencia, luego de haber participado en las protestas que exigían mayor protección de la región ante la pandemia del coronavirus.
Aysen.- Alicia Ruiz, del sindicato mujeres del mar de Chacabuco, señaló que les informaron que son 14 las personas notificadas, quienes participaron de una movilización el día 30 de marzo pasado. Debido a esto junto a otra dirigenta concurrieron a la Gobernación Provincial de Aysén a pedir detalles de este requerimiento. En estas dependencias le indicaron que desde Interior no han impulsado ninguna acción en contra de los dirigentes, por lo tanto, la medida fue efectuada por Carabineros.
Camila Salas, otra dirigenta del principal puerto nuestra región, lamentó que esta acción provenga de Carabineros, dando cuenta de que de esta forma, “se nos está persiguiendo por exigir en la calle medidas efectivas contra el Covid-19”.
Estas acciones son reprochables ya que así se intenta criminalizar el moviendo pacífico, dijo Camila Salas, acciones que protagonizaron muchos vecinos y que ahora se ve empañado por una medida que involucra a 14 personas.
Es así que, se concretan las acciones que ya había advertido el presidente de la Unión Comunal de Juntas de vecinos de Puerto Aysén, Carlos Díaz, quien señaló que solicitará un pronunciamiento del Ministerio Publico y de la Intendenta.
Los dirigentes habrían sido citados para el próximo 15 de septiembre por una movilización que protagonizaron en el mes de marzo y los primeros días de abril. “Nos sentimos perseguidos y estigmatizados como dirigentas sociales por el solo hecho de haber manifestado públicamente nuestras legítimas preocupaciones en torno a la pandemia”, dijo Camila Salas.
Las dirigentas sociales recalcaron que se les está persiguiendo por buscar proteger al pueblo y exigir que las autoridades hagan su pega al evitar que la pandemia del coronavirus se siga expandiendo en la región.
Con estas medidas se repite lo ocurrido durante el movimiento social de Aysén, en el 2012, donde toda una región se movilizó exigiendo que la zona sea tomada en cuenta y se atiendan históricas necesidades, oportunidad en la que se investigó y persiguió a más de 20 vecinos de toda la región.