Esta dupla se suma al equipo penitenciario original, en funciones desde el año 2017, con el objetivo de implementar en la región el nuevo Modelo Universal de Defensa Penitenciaria.
A las unidades penales ya visitadas se sumarán próximamente las de Cochrane y Chile Chico.

Coyhaique.- Las cárceles de Coyhaique, Puerto Aysén y el centro de Estudios y Trabajo (CET) de Gendarmería en Valle Verde, fueron las tres primeras unidades visitadas por la dupla de Defensa Penitenciaria integrada por el abogado, Luciano González Gronemann; y la trabajadora social Pía Gálvez Pérez.

Cabe señalar que este nuevo equipo de profesionales se integró a la Defensoría Regional de Aysén en el contexto del nuevo Modelo Universal de Defensa Penitenciaria impulsado por la institución, en el que Aysén es una de las regiones piloto.

De esta manera, el nuevo equipo se suma al ya existente y en plenas funciones, integrado por el defensor penitenciario Elvis Camerati Esparza; la trabajadora social, Pamela Mansilla Bórquez y la asistente administrativa, Javiera Aburto Albornoz.

El objetivo de estas actividades en terreno fue presentarse y conocer las condiciones en que las personas privadas de libertad cumplen sus condenas. Para ello fueron acompañados por el Defensor Regional de Aysén, Jorge Moraga Torres; y los directivos regionales, Cristian Cajas Silva, jefe de la U. de Estudios; y Boris Barra Valencia, director administrativo.

Las visitas incluyeron entrevistas con los jefes de unidad de cada recinto y con algunos funcionarios de Gendarmería, para explicar la nueva forma de trabajo en defensa penitenciaria y sensibilizar respecto de los derechos de las personas aun estando privadas de libertad.

Además se recorrieron las secciones y espacios donde las y los condenados permanecen a diario y desarrollan actividades laborales, cuando están autorizados para ello. También se concretaron algunas entrevistas con internos.

Próximas visitas
Durante los primeros días de agosto se replicará estas visitas en las cárceles de
Cochrane y de Chile Chico, lideradas por el jefe regional de la U. de Estudios quien además, es el coordinador general y supervisor de los dos equipos penitenciarios de la región.

Cambios en el horizonte penitenciario
Cabe señalar que la defensa penitenciaria es una realidad en la región, y en el resto del país, desde hace varios años; sin embargo, ante la constatación de que un porcentaje de condenados privados de libertad a nivel nacional no lograban acceder a una atención de defensa, principalmente por el bajo número de profesionales dedicados a esta área, es que la Defensoría Penal Pública decidió implementar un nuevo modelo que no sólo aumente la dotación profesional, sino que además actualice y amplíe sus objetivos de trabajo.

Cristian Cajas, jefe regional de estudios y coordinador del programa, explicó que el primer equipo de defensa penitenciaria continuará trabajando con los requerimientos de personas privadas de libertad que ya se están tramitando, mientras que el nuevo equipo irá asumiendo progresivamente requerimientos que vayan ingresando. En corto tiempo se espera llegar a un estado en que todas las solicitudes pasarán por un primer filtro del coordinador regional para ser derivadas al Equipo de Defensa Penitenciaria unificado, que funcionará complemente en base al nuevo modelo de defensa.

Por lo pronto, entre las principales misiones que asumirá el primer equipo penitenciario de la región, será el acompañamiento a la nueva dupla, pero además priorizar la participación de la Defensoría Penal Pública en los Consejos Ordinarios de Tribunales de Conducta en todos los establecimientos penales de la Región de Aysén.

Por su parte, Boris Barra, director administrativo regional, destacó el esfuerzo de gestión que hay detrás de esta puesta en marcha. Y es que a la búsqueda de los profesionales idóneos y sus contrataciones, debe sumarse la organización interna, habilitación de espacios físicos y virtuales, definición de objetivos y plan de trabajo y rendición, especialmente en tiempos de pandemia, para lograr los resultados esperados.

Énfasis en derechos humanos
Cabe recordar que el nuevo Modelo Universal de Defensa Penitenciaria rescatará la experiencia actual, innovando en procesos internos y sumando más recurso profesional para dar cobertura a los requerimientos de personas privadas de libertad, con un enfoque que buscará el respeto de los derechos humanos de las y los condenados.

Sus principales características son la universalidad de la atención, el monitoreo y cautela de los derechos humanos, con énfasis en violencia institucional, y el acompañamiento permanente – con miras a la reinserción social- durante todo el cumplimiento de la pena.
En este sentido, será la triada directiva de la Defensoría Regional de Aysén, que está compuesta por el Defensor Regional, el Director Administrativo y el Jefe de Estudios, la que tendrá la misión de gestionar redes que permitan ampliar el acceso a iniciativas de reinserción social, para las y los internos. Lo anterior, requerirá de la coordinación y el compromiso de Gendarmería de Chile.

Jorge Moraga Torres, Defensor Regional de Aysén, explicó que todas las personas privadas de libertad de la región podrán acceder al servicio de defensa penitenciaria, manifestando esta necesidad a través de las visitas de defensores, de jueces, o bien a través de escritos de Gendarmería, solicitud por medios de familiares o cualquier otro medio idóneo.

Gestiones de defensa penitenciaria que podrán ser requeridos, por ejemplo, desde acceso a beneficios intrapenitenciarios a denuncias por situaciones ocurridas intra muros y que atenten contra sus derechos, entre otros muchos.

El Defensor Regional recordó que la sanción de una persona por cometer un delito es la privación de libertad, “lo que tiene un impacto tremendo en una persona (…) por lo mismo, el resto de sus derechos en tanto Seres Humanos permanece intacto y es nuestro deber, velar porque se respeten”, comentó.

En este sentido, destacó que la rehabilitación y reinserción social de estas personas sólo se logra en base a un sistema respetuoso de derechos y garantías que además de la sanción, apunte a resocializar a quienes ha cometidos delitos.