El documento muestra que los conflictos entre los usuarios del refugio y los trabajadores sociales provocaron discusiones y una posterior crisis de pánico entre quienes iniciaron la operación.

La semana pasada, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernameEG) informó que el albergue de mujeres de Punta Arenas cerró en Magallanes ante la demanda de infraestructura de sus propietarios. Por lo anterior, la dependencia aclaró que han adoptado un “plan de retiro individual voluntario” en función del estado del proceso de atención. Están diseñados para proteger la seguridad de todas las personas que viven en refugios.

“También aseguran que “con el fin de crear un lugar acogedor para las víctimas de la severa violencia en la zona, próximamente se realizará una licitación pública para la construcción de una nueva casa con el cuidado suficiente. Esto significa que la oferta de Punta Arenas continúa.

“Durante esta época, el santuario sufrió profundos cambios. Sin embargo, Robinson Quellin, abogado que representa a uno de los usuarios, reveló una situación jurídica diferente. Presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Familia de Punta Arenas, solicitando amparo contra SernameEG y revertir las acciones que consideró arbitrarias y violatorias de sus derechos, incluida la privación de la custodia de su hijo.