El Presidente Gabriel Boric ha anunciado su intención de utilizar una facultad administrativa para revocar las pensiones de gracia en situaciones en las que se identifiquen beneficiarios con antecedentes penales por delitos graves, como homicidio, violación, porte de armas o narcotráfico. Esta decisión ha generado un intenso debate y preocupaciones sobre posibles acciones judiciales.

Boric ha enfatizado la importancia de llevar a cabo una revisión minuciosa de cada caso y estudiarlo detenidamente antes de tomar una decisión. Ha instruido a sus equipos y ministros para que realicen este proceso de revisión durante este período y espera que se pueda resolver de manera oportuna para avanzar en este asunto.

La revocación de las pensiones de gracia es un tema delicado y complejo que requiere un enfoque individualizado y una consideración adecuada de las circunstancias de cada beneficiario. El gobierno está trabajando en este proceso con el objetivo de aplicar la medida de manera justa y equitativa.

El debate en torno a esta medida se centra en el equilibrio entre la necesidad de garantizar la justicia y la protección de los derechos de los beneficiarios de las pensiones de gracia. El gobierno reconoce la importancia de abordar este tema de manera cuidadosa y respetando los principios legales y constitucionales.

El Presidente Boric ha reafirmado su compromiso de abordar este asunto de manera responsable y ha expresado su confianza en que se tomarán las decisiones adecuadas para salvaguardar el interés público y garantizar la justicia en cada caso.