Se conoció que se otorgaron 69 asignaciones en todo el país, coincidiendo con aquellos con antecedentes penales que van desde casos de asesinato hasta casos de pornografía infantil.

Si bien no hay información pública concreta sobre los nombres y lugares de residencia de los 418 pensionados que recibieron pensiones por el brote, se entiende que ingresaron al sistema tres postulaciones provenientes de la Región de Magallanes.

El debate sobre el asunto adquirió ayer una nueva dimensión después de conocerse que un comité selecto había aprobado un informe que confirmaba irregularidades en el proceso de suministro y que una auditoría general había identificado a 69 destinatarios con condenas que incluían pornografía infantil y asesinato.