El gerente de Uber Chile expresó su descontento ante el próximo reglamento que se implementará a mediados de este mes. La ley 21.553, conocida como “Ley Uber”, que regula a las empresas de aplicaciones de transporte, generará importantes cambios en la forma en que operan los servicios de transporte por aplicación, como Uber, Didi, Indriver y Cabify. Según un estudio realizado por la Universidad Diego Portales, la región de Magallanes será la más afectada del país, con una reducción estimada del 93% en las operaciones de estas empresas a nivel local y un 88% a nivel nacional.

El objetivo de esta normativa es equiparar las condiciones entre las empresas de aplicaciones de transporte y los taxis, estableciendo requisitos como licencias tipo A y vehículos con una antigüedad máxima de 12 años y una cilindrada mínima de 1.500 cc, o 1.400 cc en el caso de sedanes.

Además, se prevé que en enero de 2024 se presente ante la Contraloría General de la República el reglamento definitivo de la ley que regula a las empresas de transporte, lo que implicará nuevos requisitos y regulaciones para el sector.

La implementación de la “Ley Uber” ha generado un debate en la industria del transporte en Punta Arenas, con opiniones divididas entre aquellos que apoyan la regulación para garantizar condiciones equitativas y aquellos que temen los efectos negativos que pueda tener en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de transporte por aplicación.

La implementación de la “Ley Uber” traerá consigo una serie de nuevos requisitos para los conductores de aplicaciones de transporte a partir del 2024. Estos requisitos abarcarán aspectos como la cilindrada mínima de los vehículos, la antigüedad de los mismos y el tipo de licencia que los conductores deberán poseer.

Entre los principales requisitos establecidos se encuentran:

1. Cilindrada mínima: Los vehículos utilizados para brindar el servicio deberán tener una cilindrada mínima de 1,4 litros.

2. Antigüedad del vehículo: Los conductores deberán contar con un vehículo de máximo 7 años de antigüedad. Los autos fabricados antes del año 2017 no podrán ser utilizados para ofrecer el servicio.

3. Licencia de conducir: Los conductores deberán poseer una licencia clase A2, la misma requerida para los taxistas y conductores profesionales.

4. Cumplimiento de exigencias técnicas: Los vehículos deberán cumplir con los criterios de seguridad, antigüedad, técnicas y tecnológicas establecidas por la normativa.

5. Propiedad del vehículo: Solo se permitirá el uso de vehículos cuyos propietarios sean personas naturales. No se permitirá el uso de vehículos de empresas o arrendados.

6. Registro electrónico: Los conductores deberán estar inscritos en un registro electrónico administrado por la subsecretaría de transportes, lo cual permitirá un mayor control y seguimiento de los conductores y sus vehículos.

7. Límite de vehículos por conductor: No se permitirá que un conductor registre más de dos autos para brindar el servicio de transporte por aplicación.

8. Ámbito geográfico: Los conductores podrán operar únicamente en la región en la que se hayan suscrito y registrado.

La implementación de estos nuevos requisitos busca garantizar condiciones equitativas y seguras tanto para los conductores de aplicaciones de transporte como para los usuarios. Las autoridades competentes serán responsables de supervisar y hacer cumplir estas regulaciones.

La implementación de nuevos reglamentos y requisitos siempre puede generar molestia y preocupación entre los actores involucrados. Es comprensible que el gerente general de Uber en Chile, Federico Prada, exprese su descontento con el reglamento y la falta de participación en su elaboración.

Es importante destacar que los reglamentos y leyes buscan establecer un marco legal para garantizar la seguridad y calidad del servicio de transporte. Sin embargo, es válido que las empresas de aplicaciones de transporte planteen sus preocupaciones y busquen un diálogo con las autoridades competentes para encontrar soluciones que beneficien a todas las partes involucradas.

En este caso, Prada menciona que el reglamento impone temas de seguro más bajos que las exigencias actuales de Uber, lo cual puede plantear preocupaciones en cuanto a la protección y seguridad de los usuarios y conductores. Además, critica la falta de invitación a participar en la elaboración de la ley y la falta de recepción por parte del Ministerio de Transportes.

Es fundamental que se promueva un diálogo constructivo entre las empresas de aplicaciones de transporte y las autoridades para abordar estas preocupaciones y encontrar soluciones que permitan conciliar los intereses de todas las partes involucradas. Asimismo, es necesario que se realicen evaluaciones exhaustivas del impacto de los nuevos reglamentos antes de su implementación para garantizar que no haya efectos negativos significativos en la prestación del servicio.

El proceso de cierre de este proceso está programado para el 19 de enero del 2024, por lo que aún existe la posibilidad de que se realicen modificaciones y ajustes en base a los comentarios y preocupaciones planteadas por los diferentes actores involucrados.